Acuerdo franco-español de doble nacionalidad

Durante la XXVI Cumbre franco-española, celebrada en Montauban el 15 de marzo de 2021, el Presidente de la República y el Presidente del Gobierno español firmaron el tratado de doble nacionalidad franco-española. Este texto permitirá a los nacionales de ambos países adquirir la nacionalidad del otro Estado, siempre que cumplan las condiciones definidas por el Estado en cuestión.

El Convenio entrará en vigor tras los procedimientos de ratificación de España y Francia. Estos procedimientos suelen durar varios meses.

Uno de los objetivos de este texto es resolver determinadas situaciones administrativas complejas relacionadas con la imposibilidad de obtener la doble nacionalidad en España.
Para obtener la nacionalidad del país de acogida «por residencia», es necesario haber residido legalmente y de forma continua en el país durante al menos diez años.

  • Dados sus lazos históricos, los dos países de la comunidad europea tienen ya varios acuerdos binacionales, fiscales o administrativos, para facilitar la instalación y los trámites de sus nacionales en ambos países. Por lo tanto, la doble nacionalidad no aportará ningún interés económico o fiscal particular al solicitante. La solicitud de doble nacionalidad obedece más bien a razones familiares, convicciones o motivaciones ideológicas. Este convenio representa el primer acuerdo sobre doble nacionalidad entre dos países europeos, ofreciendo un «nuevo impulso político a Europa», según los representantes de asuntos exteriores de ambos países.
  • La obtención de la nacionalidad española también confiere cierta seguridad jurídica y una serie de derechos ciudadanos: con la nacionalidad española se puede votar en las elecciones generales o autonómicas para elegir al Presidente del Gobierno y a los presidentes de las comunidades autónomas españolas. Los franceses residentes en España sin nacionalidad española sólo pueden votar en las elecciones municipales de su municipio de residencia.
  • Por último, tener la nacionalidad española da acceso a las oposiciones españolas. Mientras que algunas de estas oposiciones están abiertas a los ciudadanos de otros países de la UE que residen en España, otros puestos de la administración pública (como los de seguridad) sólo están abiertos a los españoles.

Cómo conseguir la doble nacionalidad
Si desea obtener la nacionalidad por residencia, debe presentarla en el Registro Civil de su lugar de residencia. Lo más importante es saber qué documentación debe incluirse con la solicitud para ser completada, porque si falta alguna, la solicitud no será válida.

En primer lugar, deberá descargar y rellenar el formulario que encontrará aquí. https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio

Entonces también tendrá que presentar :

  • NIE (o tarjeta de residencia de extranjero)
  • Pasaporte
  • Certificado de empadronamiento
  • Certificado de nacimiento (traducción jurada)
  • Prueba de empleo en España: contrato de trabajo, nóminas, declaración de la Seguridad Social.

El último paso es realizar pruebas para determinar el nivel de integración en el país. Los aspirantes tendrán que realizar dos exámenes en el Instituto Cervantes para obtener

  • el diploma de español DELE nivel A2 o superior que justifica un dominio básico de la lengua española. El examen se basa en las normas definidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Las personas procedentes de países en los que el español es la lengua oficial están exentas de este examen, sólo tienen que hacer el CCSE.
  • El diploma de Conocimiento Constitucional y Sociocultural de España (CCSE), que justifica un conocimiento mínimo de la historia de España y de su realidad sociocultural. Consiste en una serie de 25 preguntas sobre cultura general, historia o temas sociales. Se requiere un mínimo de 60% de respuestas correctas para aprobar el examen (15 de 25), en un tiempo máximo de 45 minutos. El Instituto Cervantes ha puesto en línea una guía para preparar este examen, así como consejos prácticos.

Si obtuviste el NIE al llegar a España, después de 3 meses de presencia en el país obtuviste la condición de RESIDENTE al obtener el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión. Luego, después de 5 años de residencia obtuviste el mismo Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión de Residente comunitario permanente en España…

Si todavía quieres obtener la nacionalidad por residencia, sólo tienes que esperar 5 años, ¡es el tiempo justo para aprender todo sobre España!

Sólo tienes que demostrar que amas al país que te acogió hace al menos 10 años. Que conozcas el funcionamiento constitucional y sociocultural del país, en definitiva que lo sepas todo sobre la historia de España.

Todo sobre la traducción jurídica y jurada

Para los profesionales de la traducción, los textos jurídicos suponen un doble reto. El proceso de traducción nos permite poner en valor las competencias lingüísticas de nuestros traductores en un marco terminológico tan preciso como específico, a la vez que desempeña un papel clave en el contexto de la aplicación jurídica de un documento de carácter oficial. En este sentido, nuestro trabajo implica un dominio técnico impecable combinado con un conocimiento profundo del sistema en el que se inscribe el texto. Los profesionales que realizan traducciones juradas, legalizadas o certificadas ofrecen a sus clientes una garantía de calidad institucional y valor jurídico.

¿Cuándo necesita una traducción jurada?

En la terminología jurídica, la traducción «certificada», «jurada» o «legalizada» se refiere a diferentes procesos. Es un proceso que se realiza cuando se necesita traducir un documento con valor legal para presentarlo ante una administración española o en el extranjero. En la mayoría de los casos, estas traducciones específicas son las únicas que aceptan los ayuntamientos (municipios) o los tribunales para los casos legales. Por lo general, se trata de documentos relativos al estado civil, como certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, diplomas, resoluciones judiciales o extractos emitidos por la Cámara de Comercio. Por supuesto, esta lista no es ni mucho menos exhaustiva.

¿Tiene que traducir un documento legal? Póngase en contacto con nosotros.

Una comprobación necesaria

Es importante señalar que una traducción jurada puede no tener el mismo valor jurídico en todas partes. De hecho, una traducción jurada que sea válida en España puede no serlo en el extranjero. La validez legal del documento depende de los acuerdos vigentes entre el país de origen (aquel en el que se emitió el documento oficial) y el país de destino (aquel en el que se requiere el documento traducido). La traducción jurada es un proceso especial, que puede llevar más tiempo que una traducción normal. Por lo tanto, para evitar embarcarse en procedimientos que podrían resultar innecesarios, se recomienda encarecidamente ponerse en contacto con las autoridades legales del país en cuestión antes de iniciar el proceso de traducción jurada.

El estatuto del traductor

En el marco de una solicitud de traducción jurada, certificada o legalizada, el traductor contratado asume una doble función. No sólo actúa como proveedor de servicios de traducción, sino también como actor en la certificación oficial del documento terminado. Por tanto, contribuye directamente al valor jurídico del texto en el que ha trabajado. De hecho, para que una traducción se considere «jurada», debe ser realizada por un especialista en traducción nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Una vez finalizado el trabajo de traducción, el traductor estampa su sello en el documento y lo firma, que adquiere así valor oficial ante los tribunales y la administración.

Todos nuestros traductores jurados son profesionales expertos en el ámbito lingüístico y/o jurídico: abogados, procuradores o traductores especializados en el ámbito jurídico que colaboran con nosotros para ofrecerle un texto de máxima precisión.

Las especificidades de una traducción jurada

Un documento que ha sido jurado contiene varios elementos esenciales. Debe incluir una declaración de «fidelidad al original», así como el sello y/o la firma del traductor jurado. El traductor debe indicar claramente su apellido, su nombre, las palabras «traductor jurado» – o certificado, o jurado, etc. – y el nombre del traductor. – y las lenguas para las que se juran sus trabajos de traducción.

El documento debe especificar que se trata de una traducción y la lengua en la que se escribió originalmente el texto. En cuanto al formato, debe respetar en lo posible el adoptado en el documento original. La paginación está claramente especificada, así como el final del documento. Estas precauciones contribuyen a proteger el contenido del documento impidiendo adiciones fraudulentas.

Además, en abril de 2020 el Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió el siguiente comunicado:

«AVISO sobre firma electrónica

Ante las repetidas consultas sobre la validez y carácter oficial de las traducciones realizadas por los Traductores-Intérpretes Jurados que se envíen mediante dispositivos electrónicos y se firmen electrónicamente, se comunica lo siguiente:

El artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contiene una relación de los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. Siendo las Administraciones las principales destinatarias de los documentos traducidos por los TIJ es admisible que se firmen electrónicamente mediante alguno de los sistemas recogidos en el artículo citado.

Ello no eximirá, en modo alguno, de cumplir con los requisitos que establece la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado, en lo referente a certificación, firma, sello y fotocopia del original que se haya traducido.

Madrid, 6 de abril de 2020.»

De este modo, una traducción jurada firmada y sellada, y a continuación escaneado y con la firma electrónica del traductor, tal y como realizamos en Tradutema es perfectamente legal.

Validez de una traducción jurada

Una vez realizada y entregada la traducción jurada, ésta (la versión en papel o la versión PDF con la firma electrónica del traductor jurado) adquiere el valor de un documento oficial, al igual que el documento en la lengua de origen. Por lo tanto, los servicios jurídicos y administrativos sólo pueden utilizar el documento original certificado. Por lo tanto, las copias no tienen valor legal. En cuanto a la validez en el tiempo: los documentos tramitados por los traductores jurados no tienen legalmente fecha de caducidad. Sin embargo, esto puede ser diferente en el caso de determinados documentos relativos al estado civil.

La seguridad es nuestra máxima prioridad

La seguridad y la confidencialidad de los datos personales están en el centro de nuestras preocupaciones y nuestros editores también se comprometen a garantizarlas. De hecho, los traductores jurados están sujetos a las mismas normas de confidencialidad que todos los profesionales del sector. Sólo conserva sus archivos de trabajo durante unos meses después de la entrega de una traducción certificada, tras lo cual está obligado a destruirlos.

Encontrar la agencia de servicios lingüísticos adecuada

Como habrá comprendido, las traducciones juradas requieren una cierta pericia con un conocimiento profundo del sistema jurídico. Por eso es importante trabajar con una agencia de servicios lingüísticos que conozca los entresijos del proceso de traducción jurada y pueda ponerle en contacto con un traductor especializado. En Tradutema, trabajamos con una red de profesionales de la traducción jurídica cualificados que están dispuestos a ayudarle a traducir sus documentos para utilizarlos en cualquier país. Si tiene un proyecto de traducción jurada o preguntas al respecto, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.